Bolivia. EEUU gesta un golpe

Bolivia. EEUU gesta un golpe: si no hay votos, apela a las botas

Álvaro Verzi Rangel
Desde Estados Unidos se gesta un golpe de Estado contra el presidente boliviano Evo Morales: de imponerse nuevamente el mandatario en los comicios del domingo 20 de octubre, el plan prevé declarar un supuesto fraude electoral, desestabilizar el país e intentar la imposición de un gobierno paralelo.

Primero intentaron incendiar el país con una huelga general indefinida antes del día electoral, operaciones encubiertas, campaña de descrédito y desinformación, entre otras formas de sabotaje para crear violencia y deslegitimar el proceso electoral en el país.

El presidente Evo Morales confirmó que tiene pruebas de que algunos grupos de dirigentes cívicos y exmilitares preparan un golpe de Estado en caso de que gane las elecciones de este domingo, y anunció que las presentará a los observadores internacionales que llegan al país para seguir el proceso electoral.

“Tengo grabaciones, quieren quemar la Casa Grande del Pueblo (…) si denunciamos, denunciamos con pruebas”, dijo durante una entrevista periodística. Morales ya había advertido sobre la amenaza de golpe de Estado, durante su cierre de campaña en Potosí, que se realizó en medio de enfrentamientos entre sus seguidores y ciudadanos que cumplen un paro cívico en rechazo a cómo avanza el proceso de industrialización del litio y en demanda de más regalías mineras.

“Ya tienen planificado, quiero que sepan, quieren hacer un golpe de Estado, después hablan de democracia, después nos acusan de dictadura, ahí están los grupos golpistas”, denunció en ese acto. “Es el paramilitarismo neto de aquellos tiempos de las dictaduras”, afirmó.

La tercera fase del plan (las dos primeras no dieron el resultado previsto) señala que tras la toma de posesión de Evo Morales en el 2020 y atendiendo que han podido lograr la desestabilización social, se autoproclamaría un gobierno paralelo cívico-militar, impulsado desde una fracción de las Fuerzas Armadas, liderado por Waldo Albarracín, quien deberá convocar a nuevas elecciones en 90 días sin contemplar la participación del Movimiento al Socialismo (MAS).

Para esa etapa, el gobierno Washington ha estado preparando secretamente al político y candidato presidencial Óscar Ortiz. Y por eso se ha abstenido de defender al principal candidato opositor, Carlos Mesa, de las acusaciones de corrupción. Para apuntalar las campañas necesarias para llevar a cabo estos propósitos el gobierno de Trump asignó cien mil dólares a la consultora CLS Estrategies, sediada en Washington, que cuenta con la mayor base de datos de bolivianos dentro y fuera del país.

CLS Estrategies se ha reunido en terceros países con asesores de Carlos Ortiz, para planificar la imposición en el imaginario colectivo boliviano la figura de un candidato que no ha calado hasta ahora en la ciudadanía.

Complementando esta estrategia, señalan los informes de inteligencia, la estación de la CIA en La Paz tomó el control de redes de whatsapp en el país, conectándolos con grupos de análisis político, filtrando falsa información y conduciendo los debates de acuerdo a sus intereses.

Algunas de estas redes son Paceños con MTS, Solo Política, Debates ideológicos, Evo presidente vitalicio, MTS La Paz, Oficialismo vs Oposición, Solo Democrataforma, Masistas vs Opositores, Comunidad Ciudadana.

El 15 de octubre, el presidente Evo Morales denunció que un vehículo de la Embajada de Estados Unidos ofrece a los pobladores de los Yungas obras en esa zona a cambio de que no apoyen al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales de este domingo. Morales reveló que presentó esa queja directamente al Encargado de Negocios de EEUU, Bruce Williamson, quien se declaró sorprendido y se comprometió a no intervenir en temas electorales.

En Facebook se viralizó un video en el que el supuesto diácono, Jorge Sonnante, afirma que el presidente del Estado, Evo Morales, guarda 420 millones de euros en una cuenta del Banco del Vaticano. «Que me demuestren que tengo dinero en el Vaticano, más de 300 millones de euros, que presenten pruebas», insistió el presidente Evo Morale, para quien esa información es parte de la guerra sucia.

Desestabilizar, golpear
Estados Unidos, a través de diferentes medios y actores, está activando su cuarto plan para desestabilizar el gobierno de Evo Morales, bloquear el proyecto de continuidad político-electoral del líder indígena e interrumpir el proceso de cambio, lo cual deja al descubierto la profunda debilidad de la oposición interna, que busca obtener desde fuera del país lo que aún no ha podido obtener desde adentro.

Una de las metas del plan diseñado por EEUU es fragmentar las instituciones armadas del Estado, principalmente a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, reclutando a altos jefes militares activos quienes apoyarían el Golpe de Estado y asumirían la presidencia del país en una coalición cívico-militar, ya conformada, para el período de transición.

Los informes de inteligencia destacan que hay un grupo de militares reclutados, entre los cuales se encuentran personas muy cercanas al presidente Evo Morales, quienes desde su cargo facilitarían la realización de las acciones contempladas en el plan, utilizando para esto la desinformación al presidente.

Asimismo, señalan que funcionarios del Departamento de Estado acreditados en Bolivia como la ministra consejera Mariane Scott y Rolf Olson mantuvieron reuniones con altos funcionarios diplomáticos de Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, España, Ecuador, Reino Unido y Chile para que colaboren en la organización de las acciones de desestabilización contra el gobierno boliviano y lideren las denuncias de fraude en las elecciones, lo cual será más creíble y genuino que si lo hace directamente EEUU.

El plan intervencionista de los Estados Unidos es obvio. No hay razón para que el imperialismo estadounidense no active planes y medidas para entrometerse en los asuntos internos de Bolivia, tal como lo ha hecho contra todos los gobiernos progresistas de América Latina, señala Hugo Moldiz, ex ministro de Gobierno.

Contra el proceso de cambio, liderado por el líder indígena Evo Morales, todas las acciones de desestabilización oligárquica e imperial se han desplegado desde 2005. El primer intento de derrocar a Morales se produjo a principios del período 2006-2009; el segundo entre diciembre de 2015 y febrero de 2016; y el tercero en 2018.

Hoy los principales operadores del plan subversivo son los políticos bolivianos Gonzalo Sánchez de Lozada, Manfred Reyes Villa, Mario Cossio y Carlos Sánchez Berzain, casualmente todos residentes en Estados Unidos, pero quienes articulan las acciones en Bolivia son los líderes de la agrupación opositora Coordinadora Nacional Militar, compuesta por mandos de la reserva como el General Rumberto Siles y los coroneles Julio Maldonado, Óscar Pacello y Carlos Calderón.

El plan está coordinada con altos dirigentes de la oposición boliviana, principalmente Waldo Albarracín quien preside de la Confederación Nacional Democrática (CONADE), Jaime Antonio Alarcón Díaz presidente del Comité Cívico de La Paz, Jorge “Tuto” Quiroga ex presidente de Bolivia, Juan Carlos Rivero, Rolando Villena, ex defensor del pueblo y Samuel Doria Medina del partido Unidad Nacional.

Si bien gran parte del financiamiento se encontraba en territorio boliviano, con el apoyo de embajadas acreditadas en Bolivia y la iglesia evangélica, fachadas del gobierno estadounidense para no verse implicados directamente en estos fines injerencistas, el plan no logró concretarse totalmente antes de las elecciones.

Según el plan diseñado por Washington, estos eran los responsables en garantizar que el financiamiento que se envía desde Estados Unidos sea para ejecutar el plan de crear un estado de crisis social que permita convulsionar el país antes de las elecciones, intentando crear una fisura y división en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que se alcen contra el presidente Morales.

El plan comenzó a activarse en su primera fase en abril último, con la presión para establecer alianzas políticas para conformar un solo frente de oposición, y la puesta en marcha de una campaña de descrédito contra el gobierno a través de medios de prensa opositores, medios alternativos, activistas en redes sociales, así como la realización de denuncias ante organismos internacionales.reuniones de coordinación en función de las acciones a realizar en las fases 2 y 3.

De acuerdo al informe de inteligencia (revelado incluso en el sitio estadounidense https://bbackdoors.wordpress.com/), la estrategia en las redes sociales y la campaña de fake news es liderada por Raúl Reyes Rivero, coordinador de las acciones de la Plataforma Democrática y los Comités Cívicos con vistas al derrocamiento del presidente Evo Morales. Entre sus principales contactos se encuentran Jhanisse Vaca Daza, el abogado Omar Durán y Frank Sousek Medrano, empleado del Fondo Interamericano de Desarrollo.

El expresidente Jorge Quiroga fue encargado de buscar apoyo y pronunciamientos de los organismos regionales e internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea, con el fin de deslegitimar la victoria electoral de Evo Morales, declararla inconstitucional e intentar una intervención internacional en Bolivia.

La segunda fase consistía en establecer un estado de crisis social, con manifestaciones, incluso violentas, paros, bloqueo de carreteras, que debía cumplirse entre junio y la fecha de las elecciones.

Juan Flores, presidente del Comité Cívico de Cochabamba, junto al coronel retirado Óscar Pacello son los operadores políticos de Carlos Sánchez Berzain y Manfred Reyes Villa en Bolivia, encargados de lograr un punto de convergencia entre los Comités Cívicos y militares y policías de la reserva para desatar violencia y convulsión social en Bolivia, que obligaran a suspender las alecciones o para desestabilizar el país declarando un fraude electoral.

Lo cierto es que las evaluaciones y pronósticos del Departamento de Estado y otras agencias del gobierno de Estados Unidos que el presidente Evo Morales resultará ganador de las elecciones, pese a lo cual la embajada de EEUU ha estado creando las condiciones objetivas y subjetivas para la declaración de un fraude electoral: Quien vota no importa, sino quien cuenta los votos, suponen.

La etapa poselectoral
En esta etapa jugará un papel fundamental la Unión Juvenil Cruceñista la cual está indicada a ejecutar acciones violentas una vez se publiquen los resultados finales electorales, para lo cual han estado reclutando a delincuentes que van a utilizar como punta de lanza en estos enfrentamientos y acciones violentas contra las instituciones del Estado.

Juan Martín Delgado es quien está encargado de organizar estos hechos violentos. Para esto cuenta con el apoyo de Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien a su vez recibe indicaciones y asesoramiento del funcionario estadounidense Rolf A. Olson.

El Departamento de Estado contrató al ciudadano estadounidense Eli Birnbaum, consultor político internacional quien trabajó en el Congreso por ocho años. En 1998 fue asesor del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, luego su jefe de Gabinete y luego se asoció con Arthur Finkelstein, diseñador de campañas políticas para políticos republicanos.

Es el hombre elegido para comandar las acciones de desestabilización en Bolivia y de respaldo a la figura de Óscar Ortiz. La idea es convulsionar política y socialmente el país tras las elecciones.

Según su hoja de vida, ha ayudado a más de 15 presidentes y primeros ministros en sus campañas y en 2017 comandó la campaña de Marta Lucía Ramírez a la vicepresidencia de Colombia, basada en fake news para influenciar a los votantes.

Es experto en manipulación de encuestas, diseño de campañas para dañar la imagen de políticos rivales, manipulación de redes social y medios para prtomkover shocks sociales, estructuración de coaliciones políticas, implementación de la erosión social, cultural y política en campañas electorales.

Birnbaum tiene la tarea de trabajar con las redes de la Unión Juvenil Cruceñista para desacreditar al presidente, y con Jhanisse Vaca Daza, ejecutiva de la ONG “Standing Rivers” (financiada por la Freedom Fellowship of the Humans Rights Foundation estadounidense) , que usa su plataforma diseminando permanentemente información adulterada y falsa con el fin de generar la reacción contra las políticas estatales.

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