La Paz, nov. (ABI).- Quienes se oponen a la modificación de la Ley INRA tienen poderosas razones. Dobles dotaciones ilegales, latifundio improductivo y tráfico de tierras son parte de un circuito político-delictivo que funcionó desde el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en los últimos diez años.

Desde la aprobación de la Ley INRA, en 1996, quienes administraron el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) fueron los empleados de los privilegiados que hoy se oponen a la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y de quienes tuvieron a su disposición el poder público parea enriquecerse.

Esas con algunas de las conclusiones de la reveladora información que dio conocer hoy el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, lo que explica, en gran medida la férrea oposición del Senado, dominado por partidos de derecha, a aprobar la ley de modificaciones a la Ley INRA.

“En Bolivia hay una coincidencia entre clase política y concentración de la tierra. No es nuestra culpa que la familia Guiteras, Hecker, Monasterios, tan involucrados en el poder político que decidió los destinos de este país en las últimas décadas, sean los que más tierra tienen”, dijo Almaraz.

Respaldado en un conjunto de datos señaló que estos muestran claramente a quienes, en los últimos años usufructuaron de la concentración de la tierra. “Tenemos un senado de propietarios que ha decidido cerrar el Senado para que no se apruebe una ley que les afecta y que está orientada a garantizar la redistribución de la tierra”, declaró.

Mencionó como uno de los casos emblemáticos en el departamento de Beni, en la Provincia Itenez, a la familia Bruckner que recibió gratis del Consejo Nacional de Reforma Agraria 126.554 hectáreas, algo más de cinco veces la mancha urbana de Santa Cruz que cuenta con 20.000 hectáreas.

De toda la tierra que recibió gratis, dijo Almaraz, sólo pudo sanear 5.714 y el resto no se ha podido sanear debido a que funcionarios del INRA que fueron a realizar ese trabajo, fueron recibidos con armas y amenazados de muerte, si volvían.

DESTRUCCIÓN DE DATOS DEL INRA
“Fue algo así como una consigna política. Por la que la base de datos del INRA jamás se construyó, sino que se destruyeron datos. Es más, el informe presentado hoy, pudo ser más completo y exacto si durante los diez años el INRA no hubiese sido administrado por los empleados” de quienes usufructuaron de la dotación ilegal de tierras.

Almaraz dio una amplia explicación de los casos emblemáticos de concentración de tierras y de latifundio improductivo.

Mencionó, además de la familia Bruckner en el Beni, a la familia Hecker en Pando, a los Saavedra Bruno y Monasterio en Santa Cruz, sólo ejemplos de cómo pocas familias se beneficiaron de una administración turbia del INRA.

“Durante los diez años los administradores de estos privilegiados administraron el interés público que se expresa en el INRA”, afirmó.

LOS CAOS DE LATIFUNDIO Y TRÁFICO
El viceministro Almaraz expresó su preocupación por las cifras sorprendentes de tráfico y concentración de tierras.

Puso el ejemplo de la familia Sonnenshein, que obtuvo de Reforma Agraria la dotación de 21.773 hectáreas de las cuales se mensuraron en el saneamiento 481 hectáreas de las 12 mil que se pretendía.

“La familia Hecher obtuvo gratis 12.498 hectáreas, pero en el saneamiento pretendió la convalidación de 290.000 hectáreas, pero sólo se reconocieron mediante le saneamiento 1.562 hectáreas.

En el caso de Pando, hay que tomar en cuenta que la actividad más común es el aprovechamiento forestal no maderable, como la cosecha de castaña principalmente, que demanda de superficies mayores, pero no de la extensión que pretendía Hecher”, precisó la autoridad.

Hecker quería 290 mil hectáreas como parte de una posesión tradicional desproporcionada que incluía a comunidades que podrían definirse también como comunidades cautivas de campesinos del norte amazónico.

“¿Cual es el resultado del saneamiento? En el caso Hecker es de 1.562 hectáreas. Este es un caso flagrante de alta e improductiva concentración de la tenencia de la tierra. Cientos de miles de hectáreas del mejor bosque amazónico, del más rico, con comunidades campesinas incluidas, de propiedad de una sola familia, ¿si esto no es latifundio qué es?, preguntó Almaraz.

En el caso de Santa Cruz, describió el caso de la familia Saavedra Bruno que obtuvo de Reforma Agraria con dobles dotaciones 5.054 hectáreas , pero en el saneamiento esta familia ha pretendido 9.845 hectárea, pero sólo se han saneado 1.544 hectáreas y el saldo de 8 mil está no cumple función económica y social alguna.

Precisó que “Luís Saavedra Bruno obtuvo con doble dotación de reforma agraria 11.074 hectáreas. La superficie mensurada en saneamiento es de 73.000 hectáreas de las cuales se estarían consolidando 15.941. El saldo nos muestra que el manejo de la tierra que hace el señor Saavedra Bruno no es tan bueno como quieren que sea algunos comentaristas de la televisión en Santa Cruz”.

“En total, la familia Saavedra Bruno obtuvo de reforma agraria 16.000 hectáreas y ha pretendido 73 mil hectáreas. Esto es concentración improductiva de la tierra, latifundio improductivo”, dijo Almaraz.

Otro caso es el de Oswaldo Monastarios que obtuvo de reforma agraria, con dobles dotaciones ilegales 13.333 hectáreas. “Este señor quiere que el saneamiento le convalide 56.445 hectáreas. Le ha ido bastante bien, el saneamiento le podría consolidar 48 mil hectáreas. En total la familia Monasterios ha obtenido gratis, en dobles dotaciones, 13.573 hectáreas y pretende tener 78.340 casi 80 mil hectáreas”.

QUE HA HECHO EL GOBIERNO
Almaraz explicó que durante los diez meses del Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma se impulsaron importantes acciones para sentar soberanía sobre el territorio nacional. “Hemos hecho los que otros gobiernos se negaron hacer”, dijo.

“Se expulsó a empresarios brasileros que detentaban decenas de miles de hectáreas de bosques que permanecieron durante años al amparo del poder político. Los hemos desalojado y en los próximos días vamos a dotar más cien mil hectáreas que habían sido usurpadas por terratenientes brasileños, en favor de las comunidades campesinas de Pando”, detalló.

Se ha hecho lo mismo en la provincia Marbán en el departamento del Beni y se han resuelto varios conflictos agrarios que fueron postergados durante años.

Recordó que el Gobierno del Presidente Morales recibió el mandato del pueblo para llevar adelante medidas revolucionarias en materia de tierras, pero que para ello se requiere de un instrumento legal que garantice celeridad y transparencia en el proceso agrario en general y en el saneamiento en particular. “Ese instrumento jurídico es la ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.

“El pueblo no puede permitir que estos privilegiados, en función de senadores nos dejen sin Ley, sin cambio, sin Parlamento, sin poderes públicos democráticos. No se debe permitir un golpe de Estado cuya razón es la de mantener esta distribución injusta de la tierra”, concluyó.