URGE UNIFICAR A OBREROS Y CAMPESINOS EN TORNO A LA COB

katari.org: José Justiniano Lijerón
El pasado 17 de septiembre, en la sede de la legendaria y revolucionaria Central Obrera Boliviana (COB), en la ciudad de La Paz y con la presencia del compañero Presidente Evo Morales, se firmó el “Pacto de Unidad para Defender la Democracia, la Unidad e Integridad del Territorio Nacional”, entre la COB y el CONALCAM (Consejo Nacional del Cambio), que reúne a todo el movimiento campesino y otras organizaciones afines al proceso de cambio.

Fue un buen comienzo, para una verdadera y poderosa unidad de clase.

Sin lugar a dudas, este hecho político es catalogado de importante y esperanzador por diferentes sectores de la vida nacional, por que viene a llenar una necesidad sentida en las circunstancias en que una derecha sustentada y dirigida por intereses extra nacionales, viene desarrollando una desbocada oposición.

Como sabemos, la derecha intentó un golpe de Estado que desembocó en la masacre de Pando, no sin antes haber desatado una ola de violencia en diferentes departamentos del país en su afán de derrocar al gobierno del Presidente Morales, al ver afectados sus intereses de clase por la política favorable hacia los mas necesitados que viene imprimiendo este gobierno de las mayorías.

Fueron los sectores de trabajadores, campesinos de la ciudad, relocalizados (ex mineros), de las minas y del campo quienes con sus firmes pronunciamientos y decididas movilizaciones, lograron frenar dicho golpe de estado.

Es verdad, tampoco se puede dejar de mencionar la solidaridad internacional expresada de diferentes maneras, condenando los hechos sucedidos.

Lo ocurrido en el país, demostró una vez más, que es imprescindible la necesidad de que los sectores populares, de trabajadores, campesinos de las ciudades, las minas y el campo, estén unidos no solo en pactos y declaraciones, sino como otrora fue, un poderoso movimiento revolucionario y popular a la cabeza de la Central Obreras Boliviana.

En la COB, cabemos todos los que queremos defenderla y avanzar con el proceso de cambios, y sobre todo, no solo mantener las conquistas que han costado lucha y luto a los trabajadores y campesinos, sino a seguir conquistando las aspiraciones históricas del movimiento obrero que engloba siempre en sus luchas a sus aliados naturales los campesinos y demás explotados del País.

Recordemos que el punto 5 de dicho pacto, va más allá de la presente coyuntura al plantear un tema de carácter estratégico y estructural para el nuevo Estado boliviano en materia económica y una competencia directa que involucra a todos los trabajadores de este país.

En efecto, el pacto resuelve en su punto 5: “Toma de latifundios improductivos así como sus fuentes de producción, fábricas los cuales especulan con el hambre del pueblo”.

Este punto, al igual que todos los demás, deben tomarse muy enserio y no dejar las cosas que se diluyan en el papel, esto debe ser parte de la agenda organizada para la unidad, desde los sindicatos, hasta el despacho del compañero Presidente. Esa es la esperanza del referido pacto firmado con la presencia del presidente Evo.

La gran marcha del 13 de este mes de Caracollo hacia la Paz, es una buena ocasión para fortalecer y poner en práctica aquel pacto, reafirmando la necesidad imperiosa de la unidad en la lucha.

No reactivar esta unidad por parte del gobierno y de la COB, el gesto del 17 de septiembre solo será un saludo a la bandera para beneplácito de los golpistas que siguen al acecho.

12 de octubre: nada que festejar

Cuando éramos chicos, en nuestras tierras se festejaba el 12 de octubre, con diversos nombres: “Día de la Raza”, “Día de la Hispanidad”… Evocábamos haber sido “descubiertos” y conquistados” y eso, con aire festivo. Este solo enunciado nos ahorra tener que explicar el grado de colonización cultural que padecíamos. Poco a poco la fecha y su celebración comenzó a ser cuestionada. Y la verdad histórica fue abriéndose paso.

Los herederos culturales de los conquistadores europeos, lo consideran el inicio de la “civilización” en América Latina. Para los pueblos originarios, fue el comienzo de una guerra de exterminio que impuso un régimen colonial, que sojuzgó, esclavizó, impuso su religión y provocó millones de muertos a través de la explotación y las enfermedades.

Hace ya mucho tiempo que el pueblo Aymara declaró el 12 de octubre como “Día de la desgracia”, y afirman: “puestos de pie, al cabo de más de cinco siglos de la funesta hazaña de Cristóbal Colón, evocamos la grandeza de nuestros ancestros”.

Los 500 años de la Conquista marcaron un punto de ruptura que significó el avance cultural de los indígenas y de nuestros pueblos. Las celebraciones oficiales del Quinto Centenario en 1992, abrieron paso a las discusiones y a las polémicas. Las convocatorias abandonaron lo de “Conquista” y “Descubrimiento” y nació lo de “Encuentro de Dos Mundos”, que en nuestras tierras se tradujo irónicamente como “Encontronazo”.

Desde Chiapas en 1994, hasta los mapuches en el sur, los quechuas y los aymaras en la zona andina, hoy por todo el continente los pueblos indios reivindican sus derechos territoriales y agrarios, defienden sus recursos naturales, identidades culturales, lenguas y autodeterminación.

Las elites gobernantes que se transmitieron el poder político y económico como si de una herencia se tratara, han marginado durante siglos a las mayorías indígenas y campesinas y más tarde a gran parte de las poblaciones urbanas, confinadas en barrios suburbiales, muchas veces malviviendo como fuerza laboral de reserva.

Esos sectores sociales han ganado en visibilidad, en organización, y en algunos casos en derechos y participación. Pero grandes mayorías siguen marginadas, siguen sufriendo exclusión social, económica, política y cultural. Padecen renovados brotes de racismo.

Todo eso está cambiando, poco a poco. Como un despertar que tenemos que tratar de que sea irreversible. Es un proceso de justicia, de recuperación de derechos y libertades avasallados desde la Conquista y así mantenidos por las minorías herederas del coloniaje, tributarias en tiempos recientes de nuevos imperios y de las grandes transnacionales.

El 12 de octubre, nosotros no tenemos nada que festejar.- Conmemoramos el mestizaje de las culturas indígena, negra y europea, pero rechazamos la visión histórica de los conquistadores y su justificación de la ocupación y sometimiento de las poblaciones originarias. Y reafirmamos nuestro apoyo a las luchas indígenas, campesinas y populares de América Latina por su autodeterminación rompiendo con toda forma de dependencia.

Por su derecho a escoger su propio camino, desde la dignidad, por la justicia y la libertad.

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DECLARACIÓN PÚBLICA: ORIGINARIOS DE CHILE

Un nuevo 12 de octubre nos lleva a recordar y a la necesidad hacer visible la historia de exclusión y despojo que ha marcado la existencia de los pueblos originarios en Chile y la región. Hoy es imposible dejar de reconocer los procesos de etnocidio y el genocidio que comenzó 516 años atrás y que constituye uno de los más brutales hechos conocidos por la humanidad.

Crecientemente los estados nacionales latinoamericanos han implementado políticas que, en mayor o menor grado, buscan recuperar el daño ocasionado a los pueblos originarios por la situación colonial y postcolonial.

Sin embargo, persisten situaciones de exclusión y discriminación, así como un preocupante aumento de la criminalización de las legítimas demandas y movilizaciones de los pueblos indígenas en el país, el más atrasado en materia de cumplimiento e implementación de los derechos de estos pueblos, a pesar de la reciente ratificación en Ginebra del Convenio 169 de la OIT.

Los pueblos originarios en Chile siguen siendo excluidos, como sujetos con características específicas, desconociéndose el aporte esencial que constituyen para el desarrollo cultural y político de una sociedad diversa que promueva el diálogo entre las diferentes culturas.

De igual modo, debemos lamentar que estos procesos de criminalización, en particular hacia el pueblo mapuche, sigan siendo ignorados y desatendidos por las autoridades, pese a las múltiples denuncias de organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos, así como recomendaciones de organismos internacionales.

Especialmente grave nos parecen los efectos de estas políticas criminalizadoras sobre los niños y niñas mapuche, quienes han debido presenciar y ser víctimas, en democracia, de la violencia ejercida por policías de fuerzas especiales en allanamientos masivos a sus comunidades; la persecución, detención y prisión prolongada de sus integrantes, e incluso interrogatorios a estos niños y niñas, sin orden judicial, en sus propios establecimientos educacionales.

Estas situaciones les provocan severos daños sicológicos, reconocidos por los propios servicios de salud del estado, afirmando que estos hechos afectan gravemente su desarrollo.

Lo que constituye una violación inaceptable de los derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, que el estado chileno debe promover y proteger, debiéndose recordar que, por el contrario, aún permanecen incumplidas las recomendaciones que el 2007 le formulara el Comité de Derechos del Niño de la ONU, encargado de cautelar el cumplimiento de la Convención por parte de los estados.

Los niños y niñas indígenas son además marginados socialmente y con frecuencia se les niega el ejercicio de otros derechos, incluyendo entre ellos el derecho a una educación y salud de calidad, así como la protección y participación en los procesos de toma de decisiones que son relevantes para sus vidas.

Es importante a su vez reconocer, que para la adecuada formación de los niños y niñas indígenas, por sus especiales características culturales, se requiere el concurso de toda la comunidad que integran, incluidos los ancianos y otras figuras representativas de significancia para su cosmovisión. Siendo un punto esencial es el respeto a esta diversidad cultural y la protección contra la discriminación de la que son víctimas.

Los Estados deben también procurar espacios que permitan el adecuado desarrollo de estos niños y niñas desde una perspectiva de interculturalidad y el pleno reconocimiento de sus valores y conocimientos ancestrales.

Esto último considera el reconocimiento de la relación entre culturas, sus creencias y espiritualidad, el acceso a la tierra y a sus recursos naturales, como parte de su cosmovisión e identidad.

A más de 500 años de todos estos hechos y tras la adopción de la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU, cabe cuestionar la continuidad de esta política represiva y criminalizadora por parte de las autoridades y agentes del estado, quienes insisten en apelar al uso de la fuerza para responder a las de demandas culturales, económicas, sociales y políticas de los pueblos originarios.

Red de ONGs de Infancia y Juventud Chile, Observatorio Ciudadano, Colegio de Antropólogos, Comisión Ética contra la Tortura - V Región

Vitalidad y permanencia: Reformas de Estado y esencia de las autonomías indígenas

Jorge Luís Vacaflor Gonzáles: periodicopukara.com
AUTONOMÍA ORIGINARIA Y DERIVADA
Hemos de entender por Autonomía Originaria aquella que es preexistente a la existencia del propio Estado, que no requiere su reconocimiento y que existe aún antes del establecimiento de los Estados nacionales. Por ejemplo, la Autonomía Indígena y las Autonomías Españolas; ambas existieron antes de la consolidación de sus respectivos Estados, mas aún los estados se constituyeron restringiendo o limitando estas autonomías.

La Autonomía derivada, es lo que ahora pretenden las regiones, es una forma de descentralización del Poder Central, la delegación de funciones a una entidad territorial inferior en este caso a las Prefecturas, como lo ha dicho en términos sencillos «compartir el poder»: que el Poder está mas cerca de la población.

LA CONQUISTA Y LA COLONIA
Nadie puede negar que la conquista tuvo apoyo decidido de muchos señoríos andinos, que vieron en la llegada de los españoles una oportunidad de vendetta en contra de la autoridad imperial Cuzqueña. Muchos de los señoríos que se aliaron con los conquistadores vieron la posibilidad de recobrar sus libertades y su autonomía.

Esta estrategia de alianza para derrotar al imperio cuzqueño no dio resultado, por el contrario ayudó a los conquistadores a imponer su dominio. Pero nadie puede negar que para la caída del imperio Inka, uno de los factores mas importantes fue la revancha que los señoríos andinos vieron con la llegada de los españoles en contra de la dominación Inka.

El nuevo orden colonial se basó en imponer y continuar con la reciprocidad asimétrica, ya inaugurada por el imperio Inka. Se impuso el tributo en especie y en trabajo; se estableció la mita a cambio del respeto de las tierras de la comunidad.

El respeto de las tierras suponía el respeto de sus autoridades tradicionales, los curacas, y el respeto de sus formas de vida. Si bien el régimen colonial no fue tan permisivo en el ámbito religioso, el sincretismo fue una forma de continuar con la adoración de las huacas.

Es así que el orden colonial impuso su dominio y autoridad en base al sistema de reciprocidad asimétrica, instaurada e inaugurada por los señores imperiales del Cuzco.

Es así que para respetar los mínimos niveles de libertad y de autonomía de las comunidades indígenas, se impuso la terrible y genocida Mita, los repartos, y una serie de servicios y cargas para las comunidades, pero todo a cambio de que el orden colonial respete un mínimo de margen para el ejercicio de su libertad, de su autonomía, que consistía en el respeto de sus autoridades naturales, respeto a sus tierras comunales, el respeto de sus tradiciones y costumbres.

EL ESTADO REPUBLICANO
Si bien se eliminó la mita, el Estado Republicano fundado el 6 de agosto de 1825, mantuvo el Tributo Indígena casi hasta fines de ese siglo, ya que fue el ingreso más importante para la joven república, nacida con el aporte funda-mental e importante del tributo indigenal.

A fines del siglo XIX y durante el XX, el nuevo florecimiento de la actividad minera y comercial, determinó que los excedentes fueran destinados a la expoliación de las tierras de comunidad y la expansión de las haciendas, en desmedro de las tierras de comunidad.

El Estado Republicano rompió el pacto no escrito entre el Estado y las comunidades indígenas. Los mismos aires de modernidad que trajo aparejado el liberalismo hacía que las autoridades tradicionales no sean aceptadas como interlocutores validos para el Estado Republicano de inicios del siglo XX. Por esta razón, el papel predominante que asumieron los Apoderados de la Comunidades en la defensa legal de la tierras de comunidad.

La Revolución del 52 inauguró un nuevo pacto entre el Estado nacionalista y las comunidades indígenas: el respeto a sus tierras y la restitución de las mismas a cambio del voto, redefinió el Pacto entre el Estado y las comunidades indígenas.

Sin lugar a dudas el respeto a sus autoridades en este pacto es uno de los más fundamentales. Aunque sea con el nombre de sindicatos agrarios, no sólo se garantiza el respeto de sus tierras, sino también la posibilidad de elegir a sus propias autoridades, de acuerdo a su sistema jurídico indígena.

LAS SUBLEVACIONES INDÍGENAS
Las sublevaciones indígenas se produjeron fundamentalmente por el hecho de desconocer los límites de la Autonomía indígena y el desconocimiento de sus autoridades tradicionales. Tupac Amaru tuvo que pelear por el reconocimiento de su curacazgo; Tomas Katari tuvo que viajar hasta Buenos Aires, sede del Virreynato de La Plata, para exigir el respeto de su cacicazgo, que había sido desconocido por las autoridades criollas.

Si bien las sublevaciones indígenas asumen formalmente como una defensa de las tierras de la comunidad, es en esencia la lucha por el espacio territorial donde se ejerce un grado de autonomía respecto de los diferentes Estados.

El territorio no está en función de los recursos naturales, sino en función del espacio donde se ejerce una autoridad, donde existe la reproducción social, cultural y económica.

La lucha por la tierra es, en definitiva, la lucha por la libertad y por la autonomía: poder ejercer sus formas de vida, ñande reko (nuestro modo de ser) en guaraní.

AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA
En Bolivia existen dos tipos de Autonomía, la institucional, que corresponde a la Universidad Pública y la territorial, que corresponde a los Gobierno Municipales Autónomos. Ambas basan su autonomía en lo siguiente: La elección de sus autoridades; la definición de sus normas, y la administración de sus bienes.

Las comunidades indígenas del país eligen a sus autoridades en Asambleas; los eligen aplicando sus sistemas jurídicos indígenas o, en el caso de los sindicatos campesinos, sus estatutos.

En las comunidades indígenas y campesinas no se aplica el voto, personal y secreto. Rige para ello su sistema jurídico: el turno, la gradualidad, el consenso, el mérito, la tenencia de la tierra y su relación con el ejercicio de cargos, etc.

Ni el Presidente de la República, ni el Prefecto ni ninguna autoridad administrativa, legislativa o judicial puede destituir a una autoridad natural o tradicional de la Comunidades Indígenas y Campesinas. Es ese el profundo grado de autonomía que ejercen las comunidades.

Además, ellas mismas administran los menguados recursos económicos que tienen, aunque tienen una fuerte decisión en lo que respecta a los recursos naturales como la tierra, los aspectos familiares, culturales, donde la injerencia del Estado es casi nula o subsidiaria, cuando lo deriva la comunidad a conocimiento de las autoridades estatales.

La autonomía indígena no ha necesitado de ninguna Ley, de ninguna voluntad política, porque es originaria, es la base y fundamento de la sociedad andina. Anterior a la existencia del Estado Inka, sobrevivió a la hecatombe que supuso la Conquista y el Estado Colonial y logró superar los diversos intentos de modernización del Estado Republicano.

La autonomía indígena ha existido y seguirá existiendo, porque no le debe nada al Estado. Su legitimidad no surge de una Ley o de la Constitución Política del Estado, la democracia de las comunidades y sus organización es lo que Bolivia puede aportar como propio al mundo y a la actual modernidad.

Los partidos tradicionales se oponen al reconocimiento constitucional de la Autonomía Indígena, pero oponerse a lo que ha existido siempre y a lo que existe, inclusive antes del surgimiento del propio Estado, es un absurdo.

El oficialismo pretende haber descubierto la pólvora al incorporar la Autonomía Indígena en la futura Constitución, lo que es otro despropósito. Simplemente se trata de constitucionalizar, de reconocer en el texto constitucional, algo que existe y está ahí.

El Señor Prefecto de Santa Cruz, por muy Prefecto y Comandante del Departamento que sea, no puede destituir ni cambiar al Capitán Grande de Kaipependi Kaarovaicho, por ejemplo. Tampoco el Presidente Evo Morales, con toda su investidura, no puede destituir ni cambiar al Jach’a Mallku de Jesús de Machaca: tal es el alto grado de autonomía indígena.

Es necesario incorporar esta autonomía indígena en la estructura estatal, que sea visibilizada y eso se hace de una manera muy simple: otorgándoles recursos económicos. Se ha dicho hasta la saciedad que se tiene una deuda histórica con los indígenas, es la oportunidad de saldar esta deuda.

La Autonomía Indígena, por su pro-funda fortaleza, por ser el elemento base de la sociedad andina, por ser el tempo andino, se la reconozca en la Constitución o no, seguirá existiendo, como una realidad práctica en las comunidades indígenas y campesinas.

Entre los riscos de los andes, el vuelo de los cóndores, los rugidos de los jaguares; entre la coca y la mandioca, el maíz, y los pututus seguirá vigente y viva la autonomía indígena, como el espacio donde la comunidad vive su libertad y es el límite de cualquier Estado.

EL ESTADO PLURINACIONAL
La Nación, como se conoce, es un hecho histórico que surge en Europa, es el espacio donde ha de desarrollarse la burguesía emergente. La Nación ha de ser la tumba del Régimen Feudal y la cuna de la Burguesía Liberal.

Y la visión eurocéntrica, liberal, burguesa, exportó de manera mecánica el concepto y noción de nación a todo el mundo. Acaso nuestros pensadores de izquierda y progresistas no han criticado de cómo han surgido las naciones latinoamericanas supeditadas a las necesidades de las metrópolis y no a la realidad Latinoamérica.

Como en África, las potencias han creado naciones, que no corresponde a la realidad, sino simple y llanamente para afianzar su predominio sobre los recursos naturales de dicho continente, lo que ha motivado guerras permanentes y que han enlutado a dicho continente.

Los nacionalismos han sido lo más nefasto de la época moderna, comparable con la guerra de religiones en la Europa de la Edad Media.

El concepto de Estado plurinacional se acuñó en el pensamiento estalinista como un justificativo para el dominio imperial de la Rusia comunista respecto de las otras naciones; fue el término eufemístico para designar a la cárcel de los pueblos en que se convirtió la República Socialista de la Unión Soviética, heredera de la Rusia Imperial, fue el término que sirvió para justificar el dominio y sujeción de las naciones no rusas al imperio soviético.

Ahora, de manera mecánica se pretende imponer el concepto de Estado plurinacional a una realidad distinta, pero como una frase vacía, de marketing político, sin un correlato operativo con la realidad política del país.

Por esto mismo es que lo plurinacional queda en la parte declarativa de principios de la Constitución Política del Estado como un verdadero saludo a la bandera y sin ningún correlato en la estructura estatal.

Lo plurinacional ni le suma ni le resta a la Autonomía Indígena Originaria, que es verdaderamente la estructura política social que ha permitido el florecimiento y la supervivencia de las sociedades andinas y de las comunidades de las zonas orientales y amazónicas: Segura-mente el Estado Plurinacional pasará como pasó la URSS; pero, fuerte y fortalecida la estructura organizativa andina que se ejerce en los Ayllus, las Markas, los Cabildos, las Capitanías seguirá vigente.

Esta autonomía indígena, la originaria, la que tiene el made in Andes y Amazonía, ha visto pasar el Estado Inka, la Conquista, la Colonia y el Estado Republicano y ellas han quedado firmes y vigentes. Por ello, esta forma de organización, esta autonomía, está más allá de cualquier tipo de Estado y por sobre cualquier Estado.

Desde que se puso en boga en la vida política la demanda de los pueblos indígenas, las reformas constitucionales de los países latinoamericanos han competido por estar a la vanguardia.

Por ello el gobierno nacional quiere ponerse en la vanguardia de las reformas constitucional en América Latina introduciendo el término plurinacional y de esta manera demostrar a la comunidad internacional que es un Gobierno de vanguardia, aun-que para ello se haya copiado mecánica-mente un concepto eurocéntrico de nación, que es la base donde floreció el capitalismo y los principios liberales; que contradictoriamente tanto critican.

Bolivia es un país democrático y comunitario, aunque no lo diga el texto constitucional, porque conviven la democracia liberal y la democracia comunitaria; esto nos hace a la vez universales y también profundamente particulares.

«Raza maldita» y «Día de la Raza»

LA DESCOLONIZACIÓN, CUANDO ES SÓLO CONSIGNA Y NO HECHOS, DEGENERA EN EL RACISMO AGRESOR Y EN EL RACISMO DE AUTODEFENSA

periodicopukara.com

Uno de los temas que púdicamente se ha evitado discutir en Bolivia es el referido al racismo.

No hace poco, al evocar una jornada internacional de lucha contra el racismo, un ciudadano consultado por un periodista sobre este tema, divagaba sobre el racismo que existe en Bolivia hacia los afro descendientes.

Hasta tal punto es difícil tratar este tema que cuando hablamos del tema, la mayoría pensamos en el racismo contra los afro bolivianos. ¡El racismo sería inexistente contra los indios, descendientes de los invadidos y sometidos a partir de la aventura de Cristóbal Colón!

Han sido necesarios hechos degradantes, abundantemente reproducidos por la prensa nacional y extranjera, para que nuestros ojos y nuestro entendimiento acepten la triste realidad del racismo anti originario en este país.

Nos referimos a las agresiones, apaleaduras y ultrajes contra qollas, aymaras y quechuas que recientemente se produjeron en Tarija, Sucre, Santa Cruz y Pando.

Las imágenes de indios obligados a arrodillarse y besar las banderas de sus agresores, de rostros sangrantes; de personas perseguidas por otras, chicote en mano; de cuerpos inermes acribillados a balazos, nos obligan a interrogarnos sobre estos desvaríos y a tomar posición firme para resolverlos.

Estas imágenes, por muy repulsivas que sean, no son nuevas ni improvisadas. En realidad, reproducen lo que sucede en este país y en este continente a partir de la famosa invasión originada el 12 de octubre de 1492.

El racismo es una manifestación del colonialismo y sólo puede terminar si se da fin a esa anomalía política. Si en Bolivia continúa el racismo es porque -por mucho que tengamos un presidente indígena- la situación de dominación colonial no ha cambiado ni un ápice.

Es paradójico, pero bajo un supuesto «gobierno indígena» se dan las peores agresiones a los indios desde hace muchos años. La descolonización no existe como programa de gobierno, sino sólo como consigna en labios de los actuales gobernantes.

Y cuando es sólo consigna, esta puede ser equívoca y hasta perjudicial. Cuando no se define qué es la descolonización y cuando no se la aplica en consecuencia, se provoca la reacción racista de quienes pueden sentirse afectados y puede provocar la autodefensa racista de quienes son agredidos.

Descolonización es, pues, eliminar el racismo al eliminar las condiciones socio políticas que la validan o la provocan.

No es exacerbar las contradicciones en vano, sino plantear horizontes políticos nuevos que puedan motivar la realización de los derechos y energías del pueblo colonizado sin perjudicar los ímpetus y derechos de los pueblos nuevos que ya existen en este territorio.

ALAN GARCÍA Y EL SEPARATISMO LORETANO SON SOCIOS

por: Flavio Dalostto
Refugiándose en la Amazonia
El gobierno norteamericano sabe que el gobierno de Alan García, presidente de Perú, tiene los días contados. La popularidad de García ronda el 9% de la población. Si termina su mandato (debemos hacer que lo termine), accederá al gobierno peruano otra propuesta más vinculada al proyecto Venezuela-Ecuador-Bolivia, más afín al “Socialismo del Siglo 21. No sabemos si será Ollanta Humana del PNP u otro. Lo que es seguro es que el liberalismo no tendrá una segunda oportunidad.

Es por eso, que el eje de la oligarquía peruana se está trasladando, previsoramente, desde Lima a Iquitos, en la región amazónica de Loreto. Es en Iquitos, capital de dicha región y ciudad más importante del Oriente Peruano (Petrolero, Acuático y Maderero), donde las fuerzas conservadoras (disfrazadas de liberales) están apostando a la creación de un estado separado, que les permita sobrevivir y resistir a la corriente de avanzada social que cruza el continente.

De Loreto se extrae el 60% del petróleo peruano, y sus riquezas madereras, acuíferas, mineras y alimenticias son gigantescas. A pesar de la extensión de su territorio (más de la cuarta parte de Perú), la población es escasa, por lo que su peso electoral a nivel nacional es pequeño.

El Instituto de la Libre Empresa
El puente que traslada la fuerza de la derecha desde Lima a Iquitos, es el Instituto de la Libre Empresa de Perú (ILE), organización en apariencia “educativa”, que mantiene una alianza política con los sectores separatistas de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Guayaquil (Ecuador) y Zulia (Venezuela), con los cuales se ha reunido más de una vez y forma la CONFILAR, una suerte de coordinadora de derechas latinoamericanas, dedicada a promover el separatismo, para resistir desde las “autonomías”.

Para tener una idea, de la ideología que promueve esta asociación Económico-Política, basta leer un poco en la misma página de la organización y apreciar lo que está haciendo en la amazonia peruana, más precisamente con la juventud de Iquitos:

“Una vez más, Iquitos, fue escenario de dos trascendentales seminarios internacionales de primer nivel en el que los distinguidos especialistas en temas de economía y política liberal Robert Amakis y Miguel Moreno, ofrecieron magistrales exposiciones sobre liderazgo liberal y técnicas de comunicación en campañas políticas.

Los connotados exponentes forman parte del staff de profesionales del Leadership Institute, organización que desde 1979 capacita a los futuros candidatos del Partido Republicano norteamericano para ocupar importantes cargos públicos en el Ejecutivo y el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los eventos organizados por el Instituto de Libre Empresa ILE, responden al interés suscitado entre la juventud loretana en temas como: liberalismo económico y político, democracia, estado de derecho y democracia liberal, como alternativa a la solución de los problemas del Perú y en especial de esa región.

En otra de estas notas podemos leer:
“El Instituto de Libre Empresa inició una nueva etapa en la preparación de líderes liberales amazónicos al poner en funcionamiento una Escuela de Libre Mercado, en Iquitos, donde capacitará inicialmente 70 jóvenes loretanos con miras a especializarse en la Escuela de Liderazgo que el ILE tiene en Lima.

Los jóvenes estudiantes llevaran cursos de economía, derecho, liderazgo, visión bíblica de la libertad, oratoria y expresión artística, por espacio de seis meses. Finalmente se graduaran de líderes júnior en el libre mercado.”

Y también:
“Los flamantes graduados, ante un auditorio compuesto por directivos del Instituto de Libre Empresa, familiares e integrantes de los Círculos de Estudios del ILE en Iquitos, hicieron gala de sus conocimientos de oratoria, adquiridos durante los cinco meses de su preparación, al narrar en el mas breve tiempo sus experiencias vividas como becarios y expresar su satisfacción por convertirse en conductores del liberalismo.

Por su parte, José Luís Tapia Rocha, Director General del Instituto de Libre Empresa, saludo la incorporación de los nuevos lideres liberales a la vez que los alentó a realizar con ahínco y voluntad la tarea difusora de la filosofía liberal.

Es necesario, dijo que mediante el liberalismo, los habitantes de Loreto cambien de mentalidad y desechen las ideas de gobiernos estatistas que tanto daño han ocasionado al Perú.

Dijo, “estamos empeñados en profundizar y extender la cultura de la libre empresa. Si queremos un mercado libre de privilegios y abusos, con altos ingresos para la población y utilidades para las empresas, no hay otra cosa que derogar las leyes malas y para ello es necesario que la población tome conciencia de este concepto.

Por tal motivo, resulta vital la participación de los líderes liberales, porque ellos, son los encargados de difundir el liberalismo como la filosofía de la libertad. Libertad para decidir lo que producimos, consumimos ganamos y ahorramos o lo que importamos y exportamos, entre otros aspectos” señaló.”

La Ley de la Selva
En enero de este año, el presidente peruano Alan García dictó un decreto por el cual se ponía a la venta más de 60 millones de hectáreas de selva peruana. La razón argumentada fue que no se puede mantener “improductiva” toda esa región y que la inversión extranjera creará fuentes de trabajo y acercará a las poblaciones a la “modernidad”.

En la actualidad, existe un régimen de “concesión” de la tierra amazónica, pero no de “propiedad”. Y el límite de estas concesiones son 10.000 hectáreas. El proyecto de García pretende elevar ese límite a 40.000 hectáreas. De esas 60 millones de hectáreas, García entregaría 8 millones para actividades forestales. En estos territorios, además de los pobladores urbanos, existen miles de campesinos venidos de las sierras y numerosas etnias indígenas amazónicas, a los cuales se les rematarían sus hogares.

Esto produjo, lógicamente, el rechazo de toda la población indígena y amazónica de Loreto (donde se encuentra Iquitos), San Martín y Ucayali, que se movilizó contra el decreto expoliador, que permitía la apropiación privada de la amazonia, el desalojo de comunidades aborígenes, la creación de nuevos latifundios y un daño ambiental irreparable en el Pulmón Mayor del Planeta.

Los indígenas bloquearon caminos, tomaron centrales eléctricas y mantuvieron a policías como rehenes. Un verdadero alzamiento indio amazónico en pleno Siglo 21.

No solo la región amazónica, sino todo el Perú se indignó contra el proyecto de Alan García, y finalmente en agosto, el Congreso Peruano derogó el decreto o “Ley de la Selva”. Los amazónicos suspiraron aliviados, y la idea suspendida. Igualmente, Alan García no ha renunciado a su idea de subastar la selva, y está tratando de “suavizar” la Ley, para volver a intentarlo.

El regionalismo amazónico loretano
Desde hace varias décadas (alrededor de un siglo), existe en la región peruana de Loreto, más precisamente en Iquitos, un fuerte sentimiento regionalista; que oscila entre el autonomismo, el federalismo y el separatismo.

Su antecedente histórico fue la creación del Estado nominal de Loreto en 1896, que duró unos meses, hasta que el ejército peruano le puso fin. Era el auge de la industria del caucho, donde muchos aventureros se convirtieron en riquísimos exportadores de la goma, explotando hasta la miseria más siniestra a los indígenas de la región. Se apropiaban de territorios inmensos y salían a “cazar” indios para que les sirvieran como esclavos.

En 1889, el presidente Cáceres entregó a una compañía inglesa 2 millones de hectáreas de selva (con indios y todo), en pago por las deudas contraídas en la guerra con Chile.

En 1911 el negocio del caucho se desplomó, ya que había otras regiones de Asia que lo cultivaban, y la región se vio envuelta en una gran crisis económica.

En la década del 70, con el descubrimiento de petróleo en la región, se activó la economía. Hoy se sabe que la selva peruana está asentada sobre “un mar de petróleo”. Loreto cobra un “canon petrolero”. Algo así como un reconocimiento del estado peruano, a cambio de extraerle la riqueza de su sub-suelo. Este “reconocimiento” no fue por generosidad, sino porque los loretanos se movilizaron para conseguirlo.

Desde esa época (fines del Siglo 19), el sentimiento regionalista loretano es fuerte. Sin embargo, no es una corriente de pensamiento homogéneo, ya que dentro de éste, conviven “autonomistas”, “federalistas” y “separatistas”.

Uno de los movimientos más representativos del loretanismo es el Frente Patriótico de Loreto (FPL), que contiene una corriente “autonomista y peruanista” y otra “federalista y separatista”. La primera, por ahora es mayoritaria y ha establecido alianzas con el Partido Nacionalista Peruano (PNP) de Ollanta Humala.

Paradójicamente, Martín Reátegui, asesor del congresista nacionalista Víctor Isla, que responde a Humala, se ha manifestado en el mes de setiembre, en el diario La Razón de Lima, partidario de la creación del “Estado Federal de Loreto”, con lo que la confusión es bien grande.

Un blog separatista loretano
Se lee en un blog “loretanista”, de alguien que se define como “ciudadano amazónico”, “Seamos claros y realistas: a todo gobierno nacional peruano le importa un rábano nuestros paros y huelgas… hay loretanos que se prestan a ello. Y los conocemos.

Y son los más cobardes al momento de tener que tomar decisiones trascendentales.Y una de esas decisiones es cerrar el oleoducto que traslada nuestra savia loretana: el petróleo. Con el apoyo leal, fraterno y sincero de nuestros hermanos indígenas amazónicos (que han reiterado su disposición inmediata a cualquier convocatoria), veamos si se siguen cagando de risa de nosotros y siguen sin escucharnos. Veamos. Es tiempo de decir: ¡¡BASTA YA, CARAJO!!”

Alan García esconde segundas intenciones
Alan García sabía que su “Ley de la Selva” iba a ser rechazada. La sola idea provoca un rechazo regional, nacional y mundial:”Rematar la amazonia” y “despojar a los indios de su tierra”, para “modernizarla”. Yo pienso que él ya sabía que esto no iba a prosperar, pero que sí iba a producir otro efecto: la justa indignación general de los pueblos amazónicos, indígenas y urbanos, de la región de Loreto.

He leído muchas reacciones en blogs, donde los amazónicos loretanos descargan su indignación por la propuesta, y echan culpa al “estado peruano”, al “centralismo limeño”. Muchos de estos blogueros reclaman como solución a la cosa, la separación de la Amazonia y la creación de una república independiente.

Hay olor a trampa
El problema es que los amazónicos de buena fe, lleguen a darse cuenta que sus enemigos, que quienes los oprimen y los explotan, están en Lima, pero también en Iquitos, perfectamente coordinados entre sí; pero haciendo creer a la gente común que están enfrentados centralismo contra amazonismo.

En esta última ciudad, Iquitos, la juegan de “defensores de lo loretano”; cuando lo que en realidad les interesa es desembarazarse del Perú, antes que acceda un gobierno nacional y popular, y así apropiarse del petróleo, la madera, el agua y la mano de obra esclava en el oriente peruano.

Desembarazarse del resto de Perú, sería darles más poder a los explotadores locales, sin ningún tipo de intermediación, arbitraje o instancia a la cual recurrir. Igual que en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y en Guatemala; las oligarquías regionales, les quieren hacer creer a los indios, a los campesinos y a los obreros, que sus intereses son los mismos que los de ellos, y que las causas de sus miserias solo están en las capitales de sus países.

De esta manera, le dicen a un indio ashaninka que su problema es el mismo que el del latifundista maderero, y que separando la región estarán todos mejor. De ser así, los explotados estarán peor, a merced de sus expoliadores más directos.

Cierto que hay un problema centralista, y que las regiones deben gozar de autonomía recíproca, complementaria y solidaria, en el concierto nacional. Muy cierto, pero también es cierto que hay un problema clasista, una inequidad social y económica muy grande en el Perú. Y que esto no se soluciona inventando países; sino más bien uniendo los intereses de todos los peruanos que viven de su trabajo y no de quienes se llenan de dinero destruyendo a otros seres humanos, residan en Lima o en Iquitos.

El verdadero Frente Nacional y Social del Perú, que hará justicia histórica a la región de Amazonia, no estará integrado ni por el Instituto de la Libre Empresa, ni por el Apra, ni liderado por el Frente Patriótico de Loreto. Serán los obreros, campesinos, indígenas, amas de casa, estudiantes, profesionales y micro-empresarios los que salvarán al Perú en general y a Loreto amazónico en particular.

Alan García trabaja para el separatismo loretano, promovido desde los Estados Unidos, porque ese es el efecto logrado con su infructuosa “Ley de la Selva”. La derecha peruana busca refugio loretano, petrolífero, acuático y forestal. El Pueblo Peruano no debe permitirlo y desenmascarar esta Alianza Escondida contra sus intereses.