Perú. La percepción de la corrupción en los últimos años
katari.org
De acuerdo al Barómetro de las Américas de Latin American Public Opinion Project, Perú fue el país de la región más preocupado por el tema de la corrupción, por encima de otros temas como la economía, la seguridad, la inestabilidad política y otros.
La corrupción es, hasta la actualidad, uno de los problemas más preocupantes para la población peruana y afecta directamente la legitimidad de las instituciones públicas. Una manera de medir la incidencia de la corrupción en un país es a través del índice de percepción.
Si bien esta medición puede reflejar cierta subjetividad, es importante tenerlo en cuenta. Por ello, se presenta a continuación datos actualizados sobre la posición del Perú y la percepción de los ciudadanos en materia de corrupción.
De acuerdo al Barómetro de las Américas de Latin American Public Opinion Project, Perú fue el país más preocupado por el tema de la corrupción a nivel regional, un 36% de la población lo señala como el principal problema, por encima de otros temas como la economía, la seguridad, la inestabilidad política y otros.
Ese mismo resultado se registró, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020), en el semestre octubre 2019–marzo 2020, cuando la corrupción se mantuvo como el principal problema del país con un 60.6%. Además, revisando los informes previos de esta última institución, se aprecia que desde el año 2017 hasta la actualidad, se consolida la ubicación de la corrupción sobre la delincuencia como el principal problema en el Perú.
- Revisando los informes previos de esta última institución, se aprecia que desde el 2017 hasta la actualidad, se consolida la ubicación de la corrupción sobre la delincuencia como el principal problema en el Perú.
Por otro lado, también se tiene el índice de percepción de corrupción del público general y expertos académicos en las instituciones públicas. Por ejemplo, la ausencia de corrupción en los poderes públicos, de acuerdo con el World Justice Project, aumentó en algunos sectores y disminuyó en otros, respecto del reporte del año 2019.
En el caso del Poder Ejecutivo, varió de 0.40 a 0.37. En el Poder Judicial varió de 0.41 a 0.44. En la Fuerza Pública varió de 0.38 a 0.39. En el Poder Legislativo varió de 0.16 a 0.13. Respecto a la ausencia de corrupción en la justicia civil y penal, esta varió de 0.38 a 0.37 y de 0.30 a 0.32, respectivamente.
En cuanto a las instituciones que conforman el sistema judicial, de acuerdo con el INEI (2020), en el periodo octubre 2019–marzo 2020, un 73.1% señaló no confiar en el Ministerio Público, un 82.3% desconfía del Poder Judicial, un 72.1% manifiesta no confiar en la Procuraduría Anticorrupción y un 66.6% dice no confiar en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
A diferencia del periodo julio–diciembre 2019, en el que un 73% de los encuestados señaló no confiar en el Ministerio Público, un 82.5% desconfía del Poder Judicial, un 71.2% manifiesta no confiar en la Procuraduría Anticorrupción y un 67.4% dice no confiar en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (INEI, 2020). Lo cual nos muestra que no se han dado cambios sustanciales respecto a los bajos niveles de confianza en las instituciones del sistema judicial en ambos periodos.
- Estos datos documentan de manera preocupante que la ciudadanía aún desconfía de ciertas instituciones públicas y evidencia que por delante queda un largo recorrido para fortalecer la legitimidad de las mismas.
Asimismo, de acuerdo con la encuesta realizada por Proética en el 2019, el Congreso de la República con 76%, el Poder Judicial con 47% y los partidos políticos con 31% fueron percibidos como las instituciones más corruptas. Cabe tener en cuenta que en la encuesta realizada en 2017 la percepción de instituciones más corruptas era: Poder Judicial, 48%; Congreso de la República, 45% y a Policía Nacional del Perú, 36% (Proética, 2017).
Así, se ve que ante la ciudadanía las dos primeras instituciones se mantienen como las más corruptas y que incluso ha aumentado el nivel de percepción de corrupción en ambas. Y es particularmente alarmante la cifra relativa al Congreso de la República. Frente a ello, es importante mencionar que las instituciones con un alto porcentaje de percepción de corrupción no son iguales en todas las regiones.
Por ejemplo, en la sierra las municipalidades son percibidas como corruptas por el 32%; por otro lado, los gobiernos regionales son percibidos como corruptos por el 31% en la sierra y por el 32% en la selva (Proética, 2020).
Además, hay que indicar que, según el Barómetro de las Américas de Latin American Public Opinion Project, el 95% de los encuestados afirma que la mitad o más de los políticos se encuentran involucrados en actos de corrupción, lo cual convierte al Perú en el país con el porcentaje más alto de percepción de los políticos como involucrados en corrupción.
Por otro lado, respecto a la victimización de casos de corrupción en la ciudadanía, en el periodo octubre 2019–marzo 2020, siguiendo a lo mencionado por el INEI, el 3.7% de los hogares consultados señalaron que a algún miembro familiar le solicitaron o se sintió obligado a dar regalos, propinas, sobornos, coimas al realizar gestiones o demandar servicios en las instituciones públicas.
Asimismo, de acuerdo con la encuesta realizada por Proética en el año 2019, un 13% de las personas aseguró haber pagado coimas y la mayoría de ellas dijo haberlas pagado a la policía. Además, según el Barómetro de las Américas de Latin American Public Opinion Project, un total de 26.3% señala haber sido víctima de corrupción en el año 2019; sin embargo, de acuerdo con Proética (2019) se observa que existe una alta tasa (91%) de no denuncias del pedido de coimas siendo el principal motivo la falta de confianza en que las autoridades hagan algo efectivo al respecto.
Estos datos documentan de manera preocupante que la ciudadanía aún desconfía de ciertas instituciones públicas y evidencia que por delante queda un largo recorrido para fortalecer la legitimidad de las mismas.
Es importante que el Estado peruano siga realizando esfuerzos para incluir e involucrar a la ciudadanía como un medio de control contra la corrupción en el sector público del país.
El costo social de la corrupción
Raúl Allain
En diciembre pasado (9 dic 2020) se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional contra la Corrupción, una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas desde hace más de diecisiete años. Esta fecha fue creada para generar conciencia sobre las consecuencias y magnitud de los daños que ocasiona este delito en la economía, gobierno, empresa y sociedad en su conjunto.
El año pasado, el mensaje se enfocó en reducir los riesgos de la mala administración y corrupción durante la pandemia mundial del Covid-19, siendo el lema “Recuperación con Integridad”.
Perú arrastra un historial de corrupción que nos clasifica como un país con niveles altos de corrupción en América Latina de acuerdo con el Índice mundial de percepción de la corrupción (IPC) para 2019.
Según este estudio, ocupamos el puesto 101 de un total de ciento ochenta (180) economías. Y es que si de cifras se trata, en el 2019 se perdió más de 23 mil millones de soles por corrupción, a través de sobrevaloraciones, pagos injustificados, entre otros según lo estimado por la Contraloría General de la República mediante un informe publicado en septiembre del 2020.
Esta cifra del costo de la corrupción en el Perú representa aproximadamente el 15% del Presupuesto Público y alrededor del 3% del PBI del país.
Con ese dinero podríamos cubrir el presupuesto del sector Salud, triplicar la partida destinada a la Reconstrucción por el Fenómeno del Niño, comprar e implementar doce (12) plantas de oxígeno para cada distrito del Perú para enfrentar la pandemia del Covid-19 o repartir un bono de 718 soles a cada uno de los 32 millones de peruanos.
Los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos tienen un costo social elevadísimo. Y quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos, porque el saqueo de las arcas públicas impide que se puedan realizar obras de infraestructura y mejora de los servicios públicos de salud, educación, justicia y seguridad.
Son conocidos y vox populi los últimos escándalos de corrupción, de la mano con investigaciones, acusaciones fiscales y procesos penales en marcha contra expresidentes de la República, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, incluso funcionarios públicos, algunos miembros del Poder Judicial e incluso de la PNP, que son casos individuales pero que mancillan la imagen de las instituciones.
La corrupción se refleja en la economía y en la disminución de la calidad de vida. Las cifras de la corrupción son espeluznantes. La Defensoría del Pueblo, en un informe denominado “Radiografía de la corrupción en el Perú” (2017), reveló que se pierde anualmente 12 mil millones de soles, es decir alrededor de 3 mil 600 millones de dólares por actos de corrupción.
El documento estableció que cada día se pierden 10 millones de dólares por actos de corrupción en el Perú, o su equivalente a 10% del presupuesto nacional por año. Sólo el año 2019, este flagelo le costó al Estado más de 23 mil millones de soles, de acuerdo con estimaciones de la Contraloría General de la República. Es decir, los que pagan el costo social de la corrupción son los «peruanos de a pie», los ciudadanos anónimos que día a día se esfuerzan para sacar adelante a sus hijos.
Obviamente este es dinero que se le está robando al bolsillo de los propios peruanos. Según estadísticas del Banco Mundial, el dinero expoliado por los funcionarios delincuenciales representa cerca del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) de cada país.
Todo este dinero, que termina en las alforjas de las organizaciones criminales, debería destinarse a inversiones en materia de salud pública, educación, infraestructura vial y eléctrica, saneamiento, becas para estudiantes, desarrollo del deporte y demás aspectos que beneficien a la sociedad.
Ahora que empieza otra vez el desfile de candidatos presidenciales que ofrecen «el oro y el moro», es necesario analizar, pensar, escuchar las propuestas y ejercer nuestra ciudadanía de manera consciente. Sólo así podremos derrotar al fantasma de la corrupción.