Una ONG de Estados Unidos interfiere en el sistema judicial de Bolivia

Injerencia judicial e incentivo perverso en casos falsos de abuso sexual infantil

J. Eduardo Rojas / katari.org
La denuncia que aquí se hace es clarísima: la injerencia en el poder judicial de Bolivia, de parte de una ONG norteamericana a través de la cooperación internacional, iglesias presbiterianas y políticos, todos ellos asesorados y dirigidos por agentes encubiertos de la misma ONG, con un modus operandi muy parecido al que tiene la CIA.

Esta injerencia requiere de un entretejido muy complejo con agentes infiltrados en casi todos los niveles institucionales, políticos y sociales. Y es precisamente lo que estas ONG han logrado articular: una gigantesca red de lazos irregulares que no solo incluye a jueces y fiscales, sino también a otras instancias del aparato estatal y municipal, entre ellos la Policía, las Defensorías de la Niñez y del Pueblo, las iglesias presbiterianas y varios políticos.

Como toda estrategia injerencista, ésta tiene al menos dos décadas de estar incubándose y poniendo en práctica. Por ello, en la primera parte se hace un relato de un caso emblemático de injusticia judicial: el de Odón Mendoza y la niña Patricia Flores. La segunda parte está dedicada a la ONG IJM. Y para cerrar, un epílogo que resume toda la evidencia recolectada.

Esperamos que las investigaciones de esta extensa red de lazos irregulares e injerencia permitan visibilizar más claramente los verdaderos intereses que encubren las acciones de estos agentes encubiertos y de sus cómplices.

PREÁMBULO: EL CASO DEL SEÑOR “OJOTA”

Es 2012 y estamos en la ciudad de La Paz, en la zona de Sopocachi. Son las 13:30 del viernes 3 de febrero y el señor “Ojota” 3 está revisando unos documentos en su Oficina/Departamento. El es Director de una ONG boliviana que está a cargo de varios proyectos de impacto global, especialmente relacionados a tecnología & sociedad, medio ambiente y los derechos humanos; uno de los más importantes, por su delicado contexto sociopolítico es, sin duda, el informe de Derechos Humanos 1999-2004, en el cual se denuncia un modus operandi de la DEA para violentar el “debido roceso” de muchos cocaleros del Chapare, a quienes se les sindicaron en falso de narcotráfico.

Ojota, además, lidera en Bolivia la propuesta de una ciudadanía digital, apoyada por instituciones de importancia mundial, entre ellas la ONU, Unesco y la OEA.

Ese viernes, el señor Ojota está a punto de hacerse un café pero en ese momento suena el timbre y al abrir la puerta emerge la figura de una uniformada del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y un policía vestido de civil. “Tiene que firmar esta notificación. Hay una denuncia en la que se le acusa por Violación de un menor. Tiene que firmar. Firme aquí”. Ojota no entiende absolutamente nada de lo que ocurre. Pasa por su mente la palabra “violación” y piensa: “no tiene sentido”.

Le muestran la notificación, de tan sólo tres páginas, y logra leer en una de ellas que ese documento oficial tenía en realidad 13 páginas. “Faltan 10 páginas”, dice Ojota y el Policía, mirándolo nervioso responde que el documento está completo y “si no firma lo arresto inmediatamente”. Ojota levanta la mirada y nota que la uniformada municipal está totalmente nerviosa y amedrentada.

Alrededor de los uniformados se percata además de un movimiento inusual de personas para él desconocidas, pero que pertenecen a la ONG norteamericana IJM. Al encontrarse sin abogado y siendo sorprendido y amenazado, el señor Ojota firma la notificación, que indicaba que debía presentarse a declarar a la Fiscalía el 13 de febrero, es decir, 10 días después.

En menos de una semana, la vida del señor Ojota ha cambiado radicalmente. El rumor de la denuncia circula en todos sus espacios sociales: “Dicen que el señor Ojota es un violador en serie”. Las vendedoras de quioscos y tiendas, los vecinos, guardias de seguridad, conocidos de restaurantes y discotecas que frecuentaba, hasta los compañeros de universidad de su pareja empezaron a alejarse, no sin antes expresarles su rechazo y repudio, asumiendo sin dudar un instante el rumor de las simpáticas jóvenes norteamericanas —que trabajaban como voluntarias de IJM— y que abordaron a todos aquellos amigos o conocidos que tuvieran, directa o indirectamente, relación con Ojota.

Los rumores no llegan solos, junto a las voluntarias están agentes con chalecos de SEPAMOS, otra ONG aliada a IJM que descaradamente filman y acechan a todos aquellos que están cerca de Ojota. Las acciones laborales de su oficina se frenan vertiginosamente y el equipo de trabajo se desintegra, pues es insostenible el pago de salarios. Nadie lo
mira igual que antes.

Ya no forma parte de ninguno de sus círculos sociales y muchos de sus más cercanos amigos le dan la espalda, le quitan el saludo o lo condenan públicamente. En cuestión de semanas, los equipos de investigación designados por la ONG, destrozaron ante sus círculos más cercanos, el prestigio que Ojota construyó durante tres décadas. Ya no era aquel reconocido investigador y defensor de los Derechos Humanos, ahora era un “violador”, y además, de niños.

En el espacio judicial, la experiencia es traumática. Todos los abogados con quienes se entrevista asumen su culpa de antemano, a nadie se le pasa por la cabeza que alguien mienta en una denuncia de ese tipo

¿A quién le interesaría armar un caso de violación si no fuese cierto?

Los abogados analizan su estatus e ingresos económicos, y realizan cálculos de cuánto pueden cobrar, los montos oscilan entre tres a diez mil dólares “por etapa” del proceso, pidiendo en general el pago por adelantado, lo que para él es imposible. Primero él, luego su madre y después sus hermanos se endeudan para pagar a los abogados. Pero todos, cada uno de ellos, uno por uno, no hacen absolutamente nada para defenderlo, algunos se vuelven cómplices de la ONG que figura como demandante del caso, representando legalmente a la “supuesta víctima” de la violación.

Sus abogados juegan sucio y él lo sabe, pero el sistema de justicia le obliga a seguir las reglas de ese juego legal. Allí, IJM es la que controla todo y, allí, él es un violador de niños. Ojota no sabe absolutamente nada de la denuncia, ignora quién lo acusa, de qué, cuándo o dónde sucedió eso que toda la justicia y la sociedad dice que hizo. Él es inocente, pero nadie le cree.

Decide asumir defensa propia y tomar el caso utilizando sus capacidades personales. Investiga, recopila información y denuncia a IJM ante autoridades de la Asamblea Legislativa de utilizar un consorcio de abogados, jueces y fiscales para vulnerar el derecho al debido proceso y armar casos falsos de violación a menores. Una nueva etapa de ejercicio ciudadano comienza en su vida.

Ahora, existen pruebas de que IJM tiene relación de consorcio con el Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), con funcionarios públicos de la Cancillería y del sistema de justicia en general. El señor Ojota está en juicio hace más de ocho años.

Ver todo el documento en pdf aqui –> Injerencia judicial e incentivo perverso

La espeluznante revelación, basada en los mismos documentos publicados por una ONG norteamericana en su supuesta lucha contra la violencia, muestra cómo un grupo de personas tomó el control del poder judicial boliviano utilizando el sensible argumento de la lucha contra la violencia sexual infantil, para interactuar con las más altas esferas de poder y así obtener un acceso privilegiado a la -mal llamada- justicia, lograr sentencias condenatorias y justificar financiación internacional -que en cooperación internacional se terminó denominando- “incentivo perverso”. Se abre ahora una nueva investigación sobre el destino final de los “clientes” (niñas y niños bolivianos) de esta ONG.