No son vándalos, sino agricultores que proveen alimentos saludables
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“Los que se oponen a la minería en Ayacucho sur no son vándalos sino agricultores preocupados por ofrecernos alimentos saludables” manifestó la Prelatura de Caravelí mediante un comunicado público.
La mina donde sucedieron hechos de violencia se ubica bajo una laguna, en la cabecera de cuenca que alimenta al río Yauca, que proporciona agua potable y de riego.
“En este Valle de Yauca se producen grandes cantidades de aceitunas, paltas, maíz morado, papa y alfalfa” indica la Prelatura en referencia al riego que se proporciona a partes de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Caravelí.
La prelatura llama a los medios de comunicación a hacer un periodismo investigativo de verdad y no sólo escuchar y publicar la versión de los empresarios mineros.
“Hay que escuchar también las razones de los agricultores y no descalificarlos de “vándalos” a todos” indica el comunicado que recuerda que el Papa Francisco llama a “escuchar los gritos de los pobres y de la tierra”.
Ojalá que la política y los mineros escuchen estos gritos y puedan conciliar un futuro sostenible para las generaciones futuras.
El comunicado firmado por el obispo Reinaldo Nann saluda a la Primera Ministra Mirtha Vásquez Chuquilín por haber escuchado los intereses de la población y prometido defenderlas frente a posibles ampliaciones de autorizaciones de estas minas.
A continuación el comunicado en texto e imagen:
Comunicado de la Prelatura de Caravelí
Los que se oponen a la minería en Ayacucho sur no son vándalos sino agricultores preocupados por ofrecernos alimentos saludables
Las 4 minas en Ayacucho Sur están en el territorio de esta Prelatura y tienen conflictos con la población hace muchos años. Los actos vandálicos de la quema de varios vehículos en la semana pasada no justifican llamar “vándalos” a todos los pobladores de las 3 provincias: Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara.
La población estaba nuevamente en un paro contra estas minas, que no cumplen con su plan de cierre, aprobado por las autoridades competentes, según exigen las normas vigentes, y por la ausencia de una debida fiscalización. Las anteriores protestas han sido pacíficas, pero esta vez a algunos de los pobladores se les acabó la paciencia ante tanta impotencia al no encontrar soluciones.
La mina donde sucedieron los hechos lamentables está ubicada directamente debajo de una laguna, en la cabecera de cuenca que alimenta al río Yauca, que da agua potable y de riego a partes de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Caravelí. En este Valle de Yauca se producen grandes cantidades de aceitunas, paltas, maíz morado, papa y alfalfa.
Las minas dicen, que no contaminan, pero hace pocos años murieron decenas de vacas en el distrito vecino de Sancos, porque tomaron agua de la acequia, después de un accidente que se produjo en la mina. Las minas aquí no hacen monitoreos comunitarios del agua, lo cual no genera confianza en la población.
Parece que la legislación peruana favorece únicamente a las empresas mineras, y no da ningún derecho a la población afectada por las minas. Son compensados con dinero, que va a sus municipios y unos cuantos tendrán trabajo (por no tener capacitación técnica especializada siempre son pocos), pero no cuentan con los mecanismos legales necesarios para hacer respetar sus territorios y evitar se imponga la minería, porque no se le considera a la población del territorio superficial como parte ante la solicitud que otorga un derecho minero a las empresas, pese a ser propietarios de la tierra.
El Estudio de Impacto Ambiental solo es informativo y la participación y consulta a la población no es vinculante. Para la aprobación de autorizaciones mineras y su ampliación, la población nunca fue tomada en cuenta.
No solo en el caso de pueblos indígenas, necesitamos que la consulta previa se aplique desde el otorgamiento de un derecho minero y ante cada autorización minera. Sin una verdadera licencia social nunca habrá paz en esta región.
Por eso saludamos a la Primera Ministra de haber escuchado los intereses de la población y haber prometido de defenderlas frente a posibles ampliaciones de autorizaciones de estas minas.
Llamamos al gobierno y al congreso de la república a establecer mecanismos, para que la población en el futuro sea escuchada y tomada en cuenta, de manera vinculante, en los procesos de otorgamiento de derechos, autorizaciones o ampliaciones mineras.
No estamos en contra de la minería, pero creemos que debe conciliar sus intereses con los intereses de la población afectada. Este interés no es solamente de los agricultores de aquí sino también de los consumidores de la costa, que quieren consumir alimentos sanos, sin contaminación por metales pesados y otros residuos mineros.
Llamamos a los medios de comunicación de hacer un periodismo investigativo de verdad: no basta sólo escuchar y publicar la versión de los empresarios mineros. ¿Qué políticos y empresarios de la información tendrán acciones en estas mineras? Hay que escuchar también las razones de los agricultores y no descalificarlos de “vándalos” a todos.
El Papa Francisco nos llama a “escuchar los gritos de los pobres y de la tierra”. Ojalá que la política y los mineros escuchen estos gritos y puedan conciliar un futuro sostenible para las generaciones futuras.
Caravelí, 22 de noviembre de 2021 +Reinaldo Nann, obispo
Mineras de Ayacucho no son santas: recibieron multas por infracciones
Registro de la OEFA reveló multas de mineras cuyos representantes cuestionan anuncio de Primera Ministra de continuar con el plan de cierre. En los últimos diez años, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso alrededor de medio millón de soles en multas a mineras que operan en el sur de Ayacucho.
Producto de 82 acciones de supervisión en las cuatro mineras que operan en el sur del departamento, las unidades de las compañías Ares y Apumayo suman multas por un total de 114.913 UIT.
Estos datos contradicen los argumentos de empresarios mineros en medios de comunicación respecto al cuidado ambiental de actividades extractivas en la región. Especialistas señalan carencias en el enfoque mediático con el que se aborda la problemática.
Miriam Alegría, jefa de la OEFA: «A estas 4 operadoras mineras hemos realizado 82 acciones de supervisión que muchos de estos han terminado en procesos administrativos sancionadores».
Registro de multas
Los proyectos mineros en Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara en el departamento de Ayacucho, contaban con multas por infracciones en sus actividades extractivas.
Como reportó la OEFA, solamente la Compañía Minera Ares S.A.C. agrupa más del 85% de estas multas, pues sus unidades Inmaculada y Pallancata, tuvieron que pagar 75.971 y 20 UIT, respectivamente.
Con 18.942 UIT, la unidad de la Compañía Minera Apumayo S.A.C. completa la lista de sancionados en una zona donde se ha venido alertando el conflicto por años.
Por otro lado, la OEFA señaló que viene verificando el cumplimiento de los planes de cierre que los mismos titulares de las compañías gestionaron ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
En este proceso, también se identificó posibles incumplimientos de las ya multadas unidades mineras Inmaculada y Pallancata, de Ares; casos que fueron derivados al Minem.
Como se recuerda, los planes de cierre contienen medidas de control que permiten que el cese de actividades mineras se realice sin dejar pasivos ambientales. Aunque estos plazos pueden postergarse para realizar mayores exploraciones.
Como señaló el especialista Paul Maquet, una búsqueda en el portal de Registros de Actos Administrativos de la OEFA, permite ver las múltiples infracciones de las mineras en los últimos años.
Como se puede apreciar en el portal, las compañías mineras cometieron infracciones en el manejo de sustancias químicas y de afluentes, la remediación ambiental, incumplimientos con normativas ambientales, entre otros casos.
Los datos permitirían entender la negativa de la población del sur de Ayacucho frente a la ampliación para procesos de explotación y exploración minera en la región.
“Pero ¿por qué la gente no quiere que Ares siga operando en Ayacucho? Una búsqueda simple en el portal de OEFA permite ver hasta 15 expedientes de diversas sanciones por incumplimientos a la normativa ambiental en los últimos 7 años. Algo tendrá que ver eso, la gente no es loca.
Argumentos bajo lupa
A pesar de que el anuncio del cumplimiento con el cierre de las unidades mineras se realizó hace 3 días, los conglomerados mediáticos han dado amplia cabida a las voces de los representantes mineros.
Gremios empresariales como la Confiep, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) o IPAE, condenaron lo que calificaron como una medida unilateral del gobierno y exigieron rectificación.
Ignacio Bustamante, de Hoschild Mining (propietaria de la multada compañía Ares), sostuvo que su compañía “trabajaba con los mejores estándares ambientales nacionales e internacionales, por lo que cuestionó el anuncio de “arbitrario”, “ilegal” e “injustificado”.
Durante su presencia en un dominical, Bustamante se limitó a responder por el caso de su compañía, alegó que las unidades mineras de Ares no generaron ningún tipo de contaminación, luego de ser consultado por las multas que OEFA le impuso.
Bustamante, dijo que la decisión de la Primera Ministra era “un claro atentado del derecho que tenemos las empresas mineras” de seguir con actividades de exploración y explotación; atribución que ha sido desmentida.
En concordancia con sectores empresariales, desde el fin de semana, los diarios del grupo El Comercio reforzaron su campaña en contra la Presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.
Intervención ministerial
La noche del domingo, el viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, señaló que las empresas mineras pueden solicitar ampliaciones de sus actividades para que el gobierno las evalúe.
En esa línea sostuvo que se convocaría a una reunión con los representantes de las empresas mineras que desarrollan proyectos en las provincias del sur de Ayacucho, para dialogar sobre la situación del plan de cierre de minas.
Chávez Cresta indicó que las inversiones mineras están garantizadas por el marco normativo y legal, marco que el presidente y el Minem reafirmaron.
Cambio de perspectiva
Tras la cobertura mediática de la problemática, José De Echave, miembro del equipo directivo de Cooperacción, indicó la ausencia de un enfoque de sostenibilidad ambiental y derechos en el desarrollo de estos temas.
“Ayer solo se ha entrevistado a voceros empresariales y a un funcionario por allí. Ni una sola entrevista a un representante de la población afectada o algún especialista ambiental”, sostuvo el economista.
Ante la perspectiva de la seguridad jurídica de los inversionistas que asumen los medios, De Echave recordó que el conflicto lleva 10 años esperando una solución.
“El mensaje a la población no puede ser estás son las reglas de juego y si las empresas quieren quedarse 40 años, no se puede hacer nada”, apuntó.
“Hay que ajustar las reglas de juego para que tengamos un mayor equilibrio y respeto a las poblaciones y los ecosistemas”, finalizó.